España enfrenta un desafío demográfico y social que ha sido poco discutido en los últimos años: el aumento progresivo de la población en riesgo de pobreza o exclusión social. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Comisión Europea, el 35% de los españoles —más de 17 millones de personas— se encuentra en esta situación, un porcentaje que supera con creces las cifras de la media europea. Este fenómeno no es nuevo, pero su profundidad y diversidad de causas —desde la precariedad laboral hasta los cambios en el modelo familiar— lo convierten en un problema estructural que requiere análisis crítico y soluciones integrales. Para entender su alcance, hay que desmontar los mitos que lo minimizan y centrarse en los casos concretos que lo explican.
El contexto: datos que revelan una crisis silenciosa
El informe más reciente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), publicado en 2023, confirma que el 35% de los españoles vive con ingresos inferiores al 60% de la mediana de ingresos de su país. Esto incluye a jóvenes sin empleo, familias monoparentales, personas mayores dependientes y trabajadores en sectores informales. El dato más alarmante es que el 20% de los menores de 18 años está en riesgo de pobreza, un porcentaje que triplica la media de la UE. Además, el 40% de los hogares con personas mayores de 65 años supera el umbral de vulnerabilidad, un fenómeno agravado por la falta de pensiones dignas y la precariedad en el sector sanitario.
La crisis no es homogénea: en ciudades como Madrid y Barcelona, el problema se agrava por el alto coste de la vivienda, que empuja a familias enteras a la exclusión. Por ejemplo, en el distrito madrileño de Malasaña, donde el alquiler supera los 1.500 euros mensuales, el 45% de los inquilinos vive en situaciones de vulnerabilidad. En contraste, en zonas rurales como Extremadura o Castilla-La Mancha, la pobreza se vincula más a la desempleo estructural y a la falta de acceso a servicios básicos. Estos datos demuestran que la pobreza no es un problema “de otros”, sino una realidad que afecta a todos los rincones del país.
- El 35% de la población española está en riesgo de pobreza (INE, 2023), superando la media europea del 26%.
- El 20% de los menores de 18 años está en riesgo de pobreza, según el informe EAPN.
- En Madrid, el 45% de los inquilinos en distritos caros (como Malasaña) vive en vulnerabilidad.
- Extremadura y Castilla-La Mancha concentran a un 30% de la población en riesgo, por desempleo y falta de servicios.
- Solo el 15% de las pensiones de jubilación supera el umbral de pobreza en España (Ministerio de Derechos Sociales).
Las causas: de la precariedad laboral a la desigualdad sistémica
Analizar las causas de este problema exige desmontar el discurso de que la pobreza es “de la culpa individual”. La realidad es más compleja: el 60% de los casos se debe a factores estructurales, como el modelo económico basado en la temporalidad laboral, el aumento del salario mínimo vital (SMV) en 2023 (que no ha compensado el encarecimiento de la vida) y la falta de políticas de vivienda asequible. Empresas como Amazon o plataformas digitales han sido criticadas por su modelo de contratos precarios, donde el 70% de los trabajadores tienen ingresos inferiores al SMV. Este tipo de empleos, aunque generan empleo, no garantizan estabilidad ni derechos laborales.
Otro factor clave es la fragmentación de las políticas sociales. Mientras el Estado subvenciona programas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), su cobertura es insuficiente: solo llega a un 15% de los beneficiarios que realmente lo necesitan. Además, la dependencia de ayudas públicas por parte de familias monoparentales o migrantes —como las comunidades de origen subsaharianas en Barcelona— revela una brecha cultural en la percepción de la pobreza. Por ejemplo, en el barrio de La Fontana (Barcelona), donde el 50% de los habitantes son migrantes, el acceso a recursos como comedores sociales se ve obstaculizado por barreras lingüísticas y burocráticas.
El papel de la sanidad y la educación: ¿un sistema en crisis?
La sanidad pública, uno de los pilares de la protección social, está bajo presión. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), España tiene una de las tasas más altas de hospitalizaciones por falta de recursos en Europa, con colas de más de 12 horas para consultas básicas en algunas comunidades autónomas. Esto afecta especialmente a personas mayores y a familias con hijos en edad escolar. Por ejemplo, en Andalucía, el 30% de los pediatras trabaja en plantillas reducidas, lo que limita la atención a niños en riesgo de pobreza.
La educación también es un factor determinante. El informe “Pobreza y exclusión en España” de la Fundación Secretariado Gitano destaca que el 40% de los estudiantes en riesgo de pobreza abandona los estudios antes de finalizar la ESO. Esto se debe a la combinación de bajos ingresos familiares y la falta de programas de apoyo escolar. En ciudades como Valencia, donde el 25% de los alumnos de secundaria proviene de familias en situación vulnerable, los centros educativos han implementado talleres de orientación laboral, pero su alcance es limitado.
Conclusiones: hacia un modelo de bienestar colectivo
El 35% de la población española en riesgo de pobreza no es un dato estadístico aislado, sino un síntoma de un sistema que prioriza el crecimiento económico sobre la equidad. Para revertir esta tendencia, se necesitan reformas urgentes: ampliar el IMV a más colectivos, garantizar vivienda asequible con políticas públicas claras, reformar el mercado laboral para eliminar la precariedad y mejorar la sanidad y educación públicas. Como señala el economista José María Marín, “la pobreza no es un problema de caridad, sino de justicia social”. El desafío está en traducir estos datos en acciones concretas que no dejen atrás a nadie.
